Parece mentira. Por fin un nuevo Gobierno ha empezado su andadura. Tras meses de paralización de la estructura del Estado, los ministros han iniciado su camino en esta nueva etapa marcada por un Ejecutivo de coalición, el primero en la reciente historia democrática española. Las primeras semanas han sido frenéticas, con los nombramientos de los diferentes altos cargos, las estructuras ministeriales, los primeros Consejos de Ministros de los martes y la aprobación de las primeras medidas gubernamentales, como la subida del salario mínimo y el salario de los funcionarios o el IPC de las pensiones. 

 

Tras tantos meses inactivos, los políticos han iniciado una carrera intensa para tomar decisiones, especialmente en materias sociales. Para empezar, es el Gobierno con un mayor número de ministros (hasta 22, dos equipos de fútbol) y con una coalición entre dos partidos (PSOE y Unidas Podemos). Habrá que ver en los próximos meses si esta estructura no fomenta las diferencias entre dos visiones de un mismo Gobierno. Lo importante son los contenidos, más que las formas o los titulares. En esta carrera de fondo, Pedro Sánchez pretende gobernar con agilidad en los primeros meses con decisiones de calado y aprobar pronto unos Presupuestos Generales del Estado.

 

No va a ser fácil. Hay muchas dificultades por resolver. El tema catalán va a estar permanentemente en el trasfondo de este Gobierno, pero no es el único ni el más trascendente para la vida diaria de todos los ciudadanos. Asuntos como el futuro de las pensiones, la dependencia, la educación, la sanidad, la financiación autonómica, la violencia de género, los mayores, la ecología, la España vaciada, la transformación digital, las fuentes energéticas, la contaminación, la vivienda, la inmigración, la natalidad, los jóvenes, la investigación, la justicia, la Unión Europea, la igualdad de oportunidades, la inclusión, la pobreza, etc. 

 

En definitiva, la aplicación real de la Convención de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El Reino de España firmó y ratificó esta Convención, más su Protocolo facultativo, el 3 de mayo de 2008 por lo que desde entonces esta norma internacional forma parte plenamente del ordenamiento jurídico español.

 

Son demasiados asuntos por resolver que merecen un esfuerzo de nuestros políticos en el Gobierno y en la oposición. Todos tienen su responsabilidad, y los ciudadanos esperan que estén a altura del momento que nos ha tocado vivir. Hace falta una refundación del pacto de la Constitución de 1978, un objetivo de país para los próximos 40 años que no deje a nadie de lado y que permita afianzar un Estado de Bienestar en vilo ante la continua revolución que se nos avecina. Hoy, que todo está en cuestión, no se puede olvidar de dónde venimos y, sobre todo, decidir hacia dónde queremos ir. La sociedad civil siempre aporta su grano de arena, el Gobierno tiene la obligación de dirigir este país. Nos jugamos mucho, demasiado. Y no podemos fallar.